La alcaldesa de Tres Cantos, María de la Poza, de Tres Cantos Unido (TCU), y dos miembros de su equipo de Gobierno, el concejal de Cultura Ignacio Gordo (TCU) y la concejala de Desarrollo Local Carmen Corral (PP), ha sido acusados por un posible delito urbanístico por el caso "Mistral 2.000".
Los hechos se remontan a febrero del 2002 cuando la Junta de Gobierno Local, presidida por María de la Poza, otorgó una licencia de primera ocupación a dicha empresa saltándose una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrid que había ordenado su derribo. La vivienda en cuestión había sobrepasado en 380 metros cuadrados la edificabilidad permitida. Además, había construido bajo rasante una piscina y una gimnasio (instalación deportiva). El 30 de abril del 2002, María de la Poza dijo que dio "la licencia de primera ocupación a Mistral 2000 porque este señor lleva 15 años viviendo en Soto de Viñuelas y paga todos sus impuestos". Añadió, además, que el gobierno está para mirar por los intereses de los vecinos. Miguel Aguado, portavoz socialista, dice que Mistral 2000 tenía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "de derribo, y todos los informes técnicos negativos, así como la advertencia de la Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Tres Cantos de que esta licencia, no se podía conceder”. Todo esto propició que el Grupo Municipal Socialista interpusiera una querella por delito urbanístico contra la decisión de la Junta de Gobierno Local de conceder la licencia de primera ocupación a Mistral 2000. En primera instancia ésta fue archivada por un Juzgado de Colmenar Viejo y los socialistas recurrieron. La Audiencia Provincial de Madrid ha visto indicios de delito y ha ordenado la apertura de juicio oral para el día 28 de noviembre. Pide para los acusados 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, 6.000 euros de fianza y una multa de 15 meses a razón de doce euros diarios. El gobierno por su parte, a pesar de que, en un principio, se negó a hacer declaraciones, ha dicho que el fiscal de Medio Ambiente lleva años pidiendo el archivo de las actuaciones y pidió la libre absolución. Además, de los estos tres imputados hay otros tres que ya no
son miembros de la corporación municipal: Maria Ángeles Mañá (entonces en TCU), Inés Pastor y Juan Andrés Díaz Guerra (ambos entonces en el PP).
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