29 octubre 2006

El gobierno de Tres Cantos bajo la sospecha de corrupción urbanística

El pasado día 20 de octubre la Cadena Ser y el periódico El País difundieron unas declaraciones del ex concejal del Partido Popular, Antonio Reino, en las que aseguraba que todo el mundo, a cuenta del Plan General, se estaba forrado menos el. "Estoy como un gilipollas levantando la mano para que tú te lleves 30 kilos". El ex concejal de Festejos, acusa directamente a María de la Poza, alcaldesa de Tres Cantos, y al jefe de protocolo y su asesor Juan Carlos Delgado. Curiosamente este último presentó su dimisión en el mes de septiembre. En las grabaciones Reino dice que detrás de todo esto está Romero de Tejada (ex secretario General del PP de Madrid) y máximo valedor del pacto TCU-PP. Pacto en el que, a cambio del urbanismo, el Partido Popular (7 concejales) cedía la alcaldía a Tres Cantos Unido (4 concejales).En uno de los pasajes dice que él quiere el 11% de los 30.000 millones que va a haber en comisiones y si no "no voy a levantar la mano". Su interlocutor le dice que esto tiene que estar arreglado antes del congreso del Partido Popular (celebardo el 27 de noviembre de 2004) y que le pida lo que quiera yque entregue el acta añadiendo "si me voy cobrando, de puta madre, porque si no, no me voy".

El Urbanismo y María de la Poza
Tras las elecciones de 2003 De la Poza, cuyo grupo obtuvo 4 concejales por 7 del PP, volvió a conseguir la Alcaldía en el pacto alcanzado con el Partido Popular. Su cabeza de lista Rafael Vázquez devolvió su acta de concejal tres meses después de iniciarse la legislatura argumentando que se iba "porque no quería terminar en la cárcel". Este pacto anti-natura TCU-PP se fraguó en torno al Plan General. Hay que recordar que del plan inicial de unas 4.200 viviendas se ha pasado actualmente a 9.800 según la concejala de Urbanismo Carmen Camón "porque si no a la constructora no le salen las cuentas". Por su parte, la Alcaldesa María de la Poza ha basado todo su mandato en la encomienda de gestión del Plan General a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas). "Desde que se aprobó el Plan General no ha habido ningún solo beneficio para los ciudadanos de Tres Cantos. Y sin haber puesto ni un solo ladrillo simplemente se han beneficiado los especuladores, los parientes de Esperanza Aguirre y FCC", ha manifestado José Luis Martínez Cestao, portavoz de Izquierda Unida.

Polémica adjudicación
Tras la polémica aprobación del PGOU, los rumores sobre irregularidades urbanísticas volvieron a sonar con fuerza cuando se adjudicó a FCC el desarrollo del Plan General mediante un procedimiento extraordinario, el procedimiento negociado sin publicidad, después de que en un primer momento se declarase desierto el concurso por haber considerado los técnicos que la oferta no cumplía los requisitos del mismo. Lo curioso es que se inicia un proceso negociado sin publicidad para adjudicárselo a la misma empresa: FCC. En tan solo una semana. Lo mismo que ocurrió con las 100 viviendas para jóvenes del Sector Foresta que las adjudicaron mediante el mismo proceso, negociado sin publicidad, y se lo dieron a la misma empresa que se lo habían denegado en un principio. Eso si ahora costaban unos 12.000 euros más caras porque a 80 de esas 100 viviendas les hacían comprar una segunda plaza de garaje. Todavía, después de tres años, no han sido entregadas.

El gobierno y su credibilidad
La credibilidad del gobierno está bajo mínimos, recordemos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo de pleno derecho el acuerdo de adjudicación en otro polémico concurso que concedió la construcción y posterior explotación del Campo de Golf Municipal a la misma empresa a la que el propio Romero de Tejada adjudicó el campo de golf de Majadahonda (Las Rejas) cuando era alcalde de ese municipio.El proyecto estrella del gobierno PP-TCU, recibió previamente un dictamen negativo y desfavorable de impacto sobre el Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Como informábamos la pasada semana, otro presunto delito urbanístico, propiciado por María de la Poza y otros concejales es el "caso Mistral 2000", que considera irregular la concesión de una licencia al chalet de un destacado militante del PP en contra de los informes de los técnicos del Ayuntamiento. El 28 de noviembre se iniciará la fase de juicio oral en los juzgados de Colmenar. Piden 7 años de inhabilitación y 6.000 euros de fianza.

Los terrenos del concejal
Izquierda Unida destapó que Alberto Martínez (TCU), concejal de Obras y Servicios, poseía unos terrenos en el nuevo desarrollo del Plan General. Hecho que el propio concejal reconoció en un Pleno. Concretamente un 1% de la superficie afectada por el plan. Estos terrenos fueron convenientemente vendidos por el edil unos días antes de que se celebrara el pleno de aprobación del pliego de condiciones para la adjudicación del Plan General a FCC. Aquí la polémica surgió cuando reconoció que vendió esos terrenos por cerca de 500 millones de pesetas sabiendo que el volumen de negocio se sitúa en torno a los 3.000 millones, a una empresa con sede en San Sebastián (Guipúzcoa).

Los familiares de Esperanza Aguirre
También la familia de Esperanza Aguirre se ha dado una productiva vuelta por Tres Cantos. La compra y venta a través de numerosas sociedades de unos terrenos que resultaron recalificados con la aprobación del PGOU, ha supuesto para los Gil de Biedma unos beneficios de 8 millones de euros en un tiempo record (32 meses).

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