El pasado día 20 de octubre la Cadena Ser y el periódico El País difundieron unas declaraciones del ex concejal del Partido Popular, Antonio Reino, en las que aseguraba que todo el mundo, a cuenta del Plan General, se estaba forrado menos el. "Estoy como un gilipollas levantando la mano para que tú te lleves 30 kilos". El ex concejal de Festejos, acusa directamente a María de la Poza, alcaldesa de Tres Cantos, y al jefe de protocolo y su asesor Juan Carlos Delgado. Curiosamente este último presentó su dimisión en el mes de septiembre. En las grabaciones Reino dice que detrás de todo esto está Romero de Tejada (ex secretario General del PP de Madrid) y máximo valedor del pacto TCU-PP. Pacto en el que, a cambio del urbanismo, el Partido Popular (7 concejales) cedía la alcaldía a Tres Cantos Unido (4 concejales).En uno de los pasajes dice que él quiere el 11% de los 30.000 millones que va a haber en comisiones y si no "no voy a levantar la mano". Su interlocutor le dice que esto tiene que estar arreglado antes del congreso del Partido Popular (celebardo el 27 de noviembre de 2004) y que le pida lo que quiera yque entregue el acta añadiendo "si me voy cobrando, de puta madre, porque si no, no me voy".
El Urbanismo y María de la Poza
Tras las elecciones de 2003 De la Poza, cuyo grupo obtuvo 4 concejales por 7 del PP, volvió a conseguir la Alcaldía en el pacto alcanzado con el Partido Popular. Su cabeza de lista Rafael Vázquez devolvió su acta de concejal tres meses después de iniciarse la legislatura argumentando que se iba "porque no quería terminar en la cárcel". Este pacto anti-natura TCU-PP se fraguó en torno al Plan General. Hay que recordar que del plan inicial de unas 4.200 viviendas se ha pasado actualmente a 9.800 según la concejala de Urbanismo Carmen Camón "porque si no a la constructora no le salen las cuentas". Por su parte, la Alcaldesa María de la Poza ha basado todo su mandato en la encomienda de gestión del Plan General a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas). "Desde que se aprobó el Plan General no ha habido ningún solo beneficio para los ciudadanos de Tres Cantos. Y sin haber puesto ni un solo ladrillo simplemente se han beneficiado los especuladores, los parientes de Esperanza Aguirre y FCC", ha manifestado José Luis Martínez Cestao, portavoz de Izquierda Unida.
Polémica adjudicación
Tras la polémica aprobación del PGOU, los rumores sobre irregularidades urbanísticas volvieron a sonar con fuerza cuando se adjudicó a FCC el desarrollo del Plan General mediante un procedimiento extraordinario, el procedimiento negociado sin publicidad, después de que en un primer momento se declarase desierto el concurso por haber considerado los técnicos que la oferta no cumplía los requisitos del mismo. Lo curioso es que se inicia un proceso negociado sin publicidad para adjudicárselo a la misma empresa: FCC. En tan solo una semana. Lo mismo que ocurrió con las 100 viviendas para jóvenes del Sector Foresta que las adjudicaron mediante el mismo proceso, negociado sin publicidad, y se lo dieron a la misma empresa que se lo habían denegado en un principio. Eso si ahora costaban unos 12.000 euros más caras porque a 80 de esas 100 viviendas les hacían comprar una segunda plaza de garaje. Todavía, después de tres años, no han sido entregadas.
El gobierno y su credibilidad
La credibilidad del gobierno está bajo mínimos, recordemos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo de pleno derecho el acuerdo de adjudicación en otro polémico concurso que concedió la construcción y posterior explotación del Campo de Golf Municipal a la misma empresa a la que el propio Romero de Tejada adjudicó el campo de golf de Majadahonda (Las Rejas) cuando era alcalde de ese municipio.El proyecto estrella del gobierno PP-TCU, recibió previamente un dictamen negativo y desfavorable de impacto sobre el Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Como informábamos la pasada semana, otro presunto delito urbanístico, propiciado por María de la Poza y otros concejales es el "caso Mistral 2000", que considera irregular la concesión de una licencia al chalet de un destacado militante del PP en contra de los informes de los técnicos del Ayuntamiento. El 28 de noviembre se iniciará la fase de juicio oral en los juzgados de Colmenar. Piden 7 años de inhabilitación y 6.000 euros de fianza.
Los terrenos del concejal
Izquierda Unida destapó que Alberto Martínez (TCU), concejal de Obras y Servicios, poseía unos terrenos en el nuevo desarrollo del Plan General. Hecho que el propio concejal reconoció en un Pleno. Concretamente un 1% de la superficie afectada por el plan. Estos terrenos fueron convenientemente vendidos por el edil unos días antes de que se celebrara el pleno de aprobación del pliego de condiciones para la adjudicación del Plan General a FCC. Aquí la polémica surgió cuando reconoció que vendió esos terrenos por cerca de 500 millones de pesetas sabiendo que el volumen de negocio se sitúa en torno a los 3.000 millones, a una empresa con sede en San Sebastián (Guipúzcoa).
Los familiares de Esperanza Aguirre
También la familia de Esperanza Aguirre se ha dado una productiva vuelta por Tres Cantos. La compra y venta a través de numerosas sociedades de unos terrenos que resultaron recalificados con la aprobación del PGOU, ha supuesto para los Gil de Biedma unos beneficios de 8 millones de euros en un tiempo record (32 meses).
29 octubre 2006
24 octubre 2006
No hacen declaraciones
Ante el procesamiento de la Junta de Gobierno Local que concedió la licencia de primera ocupación al chalet de la empresa Mistral 2000, el gobierno TCU-PP se ha limitado a argumentar que el caso sólo sigue vivo "por insistencia del Grupo Municipal Socialista y en contra del criterio de la Fiscalía de Medio Ambiente, que solicita la absolución".Parece que la decisión del Juzgado de lo Penal nº 10 de Madrid ha pillado a contrapié al gobierno de María de la Poza, cuyo jefe de gabinete ha dimitido en septiembre, tan solo unos días después de que dimitiera la asesora de la Concejala de Urbanismo, Carmen Camón (PP). El juicio oral será el 28 de noviembre.
La especial soledad de la Alcaldesa
No es la primera ocasión en que María de la Poza acude a un juzgado como inculpada en un presunto delito urbanístico. Anteriormente resultó absuelta en el "Caso DEUR 89", originado por la concesión de una licencia a la empresa de ese nombre a pesar de que incumplía los requisitos exigidos por los informes de los técnicos municipales y sobre la que pesaba una orden de demolición parcial dictada por el Juzgado.Además, el proyecto estrella de su gobierno, la adjudicación del Campo de Golf municipal, proyectado sobre los terrenos del Parque del Este, fue declarada nula de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, para todo hay una primera vez: Será la primera vez en su carrera política que se enfrente a un procedimiento judicial sin la compañía de su asesor, Juan Carlos Delgado, que presentó una inesperada dimisión al regreso de las vacaciones de verano.
Una "equilibrista" en la cuerda floja
No es un juego de palabras, pero es sin duda una ironía del destino, la concejala de Sanidad, Comercio, Industria (etc.) de Tres Cantos, la popular Carmen Corral, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 28 de noviembre, arriesgándose a una condena que la alejaría para siempre de la vida política, por haber votado a favor de la concesión de la polémica licencia a Mistral 2000 en la Junta de Gobierno Local. Esta decisión es la que el PSOE ha llevado a los tribunales, por considerar que se realizó vulnerando la normativa existente en ese momento y en contra de los informes de los técnicos municipales.Se da la circunstancia de que Carmen Corral es uno de los pocos concejales del PP del actual equipo de gobierno que parecía que iba a repetir como candidata tras la "renovación" forzada por la reciente designación de José Folgado como cabeza de lista de este partido para las próximas elecciones. En palabras de un destacado militante, Corral habría conseguido situarse en una posición de equilibrio en contraposición con la actitud más entregada a las tesis de TCU que representa la primera teniente de Alcalde, Carmen Camón.
Otro disgusto para el Concejal Gordo
El actual Concejal de Cultura, Festejos y Comunicación Social, José Ignacio Gordo (TCU) es el tercero de los integrantes de la Junta de Gobierno Local que votó a favor de la polémica licencia al chalet de Mistral 2000 y que aún continúa en activo. La noticia de la apertura del juicio oral supone para él un nuevo disgusto, en un año marcado por problemas de entendimiento con sus compañeros de gobierno.Durante el último año se han aireado diferentes rumores sobre sus desavenencias con los restantes concejales de su partido que han tenido su punto álgido cuando se vio obligado a cancelar el compromiso de contratación de Víctor Manuel y Ana Belén para actuar como plato fuerte en las fiestas de Tres Cantos. Al parecer las presiones del sector más duro del PP local estuvieron detrás de la tajante negativa de la Concejala de Hacienda, Carmen Sánchez-Ramos (PP) para sufragar el gasto comprometido.
La especial soledad de la Alcaldesa
No es la primera ocasión en que María de la Poza acude a un juzgado como inculpada en un presunto delito urbanístico. Anteriormente resultó absuelta en el "Caso DEUR 89", originado por la concesión de una licencia a la empresa de ese nombre a pesar de que incumplía los requisitos exigidos por los informes de los técnicos municipales y sobre la que pesaba una orden de demolición parcial dictada por el Juzgado.Además, el proyecto estrella de su gobierno, la adjudicación del Campo de Golf municipal, proyectado sobre los terrenos del Parque del Este, fue declarada nula de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, para todo hay una primera vez: Será la primera vez en su carrera política que se enfrente a un procedimiento judicial sin la compañía de su asesor, Juan Carlos Delgado, que presentó una inesperada dimisión al regreso de las vacaciones de verano.
Una "equilibrista" en la cuerda floja
No es un juego de palabras, pero es sin duda una ironía del destino, la concejala de Sanidad, Comercio, Industria (etc.) de Tres Cantos, la popular Carmen Corral, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 28 de noviembre, arriesgándose a una condena que la alejaría para siempre de la vida política, por haber votado a favor de la concesión de la polémica licencia a Mistral 2000 en la Junta de Gobierno Local. Esta decisión es la que el PSOE ha llevado a los tribunales, por considerar que se realizó vulnerando la normativa existente en ese momento y en contra de los informes de los técnicos municipales.Se da la circunstancia de que Carmen Corral es uno de los pocos concejales del PP del actual equipo de gobierno que parecía que iba a repetir como candidata tras la "renovación" forzada por la reciente designación de José Folgado como cabeza de lista de este partido para las próximas elecciones. En palabras de un destacado militante, Corral habría conseguido situarse en una posición de equilibrio en contraposición con la actitud más entregada a las tesis de TCU que representa la primera teniente de Alcalde, Carmen Camón.
Otro disgusto para el Concejal Gordo
El actual Concejal de Cultura, Festejos y Comunicación Social, José Ignacio Gordo (TCU) es el tercero de los integrantes de la Junta de Gobierno Local que votó a favor de la polémica licencia al chalet de Mistral 2000 y que aún continúa en activo. La noticia de la apertura del juicio oral supone para él un nuevo disgusto, en un año marcado por problemas de entendimiento con sus compañeros de gobierno.Durante el último año se han aireado diferentes rumores sobre sus desavenencias con los restantes concejales de su partido que han tenido su punto álgido cuando se vio obligado a cancelar el compromiso de contratación de Víctor Manuel y Ana Belén para actuar como plato fuerte en las fiestas de Tres Cantos. Al parecer las presiones del sector más duro del PP local estuvieron detrás de la tajante negativa de la Concejala de Hacienda, Carmen Sánchez-Ramos (PP) para sufragar el gasto comprometido.
22 octubre 2006
La alcaldesa acusada de un presunto delito urbanístico
La alcaldesa de Tres Cantos, María de la Poza, de Tres Cantos Unido (TCU), y dos miembros de su equipo de Gobierno, el concejal de Cultura Ignacio Gordo (TCU) y la concejala de Desarrollo Local Carmen Corral (PP), ha sido acusados por un posible delito urbanístico por el caso "Mistral 2.000".
Los hechos se remontan a febrero del 2002 cuando la Junta de Gobierno Local, presidida por María de la Poza, otorgó una licencia de primera ocupación a dicha empresa saltándose una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrid que había ordenado su derribo. La vivienda en cuestión había sobrepasado en 380 metros cuadrados la edificabilidad permitida. Además, había construido bajo rasante una piscina y una gimnasio (instalación deportiva). El 30 de abril del 2002, María de la Poza dijo que dio "la licencia de primera ocupación a Mistral 2000 porque este señor lleva 15 años viviendo en Soto de Viñuelas y paga todos sus impuestos". Añadió, además, que el gobierno está para mirar por los intereses de los vecinos. Miguel Aguado, portavoz socialista, dice que Mistral 2000 tenía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "de derribo, y todos los informes técnicos negativos, así como la advertencia de la Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Tres Cantos de que esta licencia, no se podía conceder”. Todo esto propició que el Grupo Municipal Socialista interpusiera una querella por delito urbanístico contra la decisión de la Junta de Gobierno Local de conceder la licencia de primera ocupación a Mistral 2000. En primera instancia ésta fue archivada por un Juzgado de Colmenar Viejo y los socialistas recurrieron. La Audiencia Provincial de Madrid ha visto indicios de delito y ha ordenado la apertura de juicio oral para el día 28 de noviembre. Pide para los acusados 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, 6.000 euros de fianza y una multa de 15 meses a razón de doce euros diarios. El gobierno por su parte, a pesar de que, en un principio, se negó a hacer declaraciones, ha dicho que el fiscal de Medio Ambiente lleva años pidiendo el archivo de las actuaciones y pidió la libre absolución. Además, de los estos tres imputados hay otros tres que ya no
son miembros de la corporación municipal: Maria Ángeles Mañá (entonces en TCU), Inés Pastor y Juan Andrés Díaz Guerra (ambos entonces en el PP).
Los hechos se remontan a febrero del 2002 cuando la Junta de Gobierno Local, presidida por María de la Poza, otorgó una licencia de primera ocupación a dicha empresa saltándose una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrid que había ordenado su derribo. La vivienda en cuestión había sobrepasado en 380 metros cuadrados la edificabilidad permitida. Además, había construido bajo rasante una piscina y una gimnasio (instalación deportiva). El 30 de abril del 2002, María de la Poza dijo que dio "la licencia de primera ocupación a Mistral 2000 porque este señor lleva 15 años viviendo en Soto de Viñuelas y paga todos sus impuestos". Añadió, además, que el gobierno está para mirar por los intereses de los vecinos. Miguel Aguado, portavoz socialista, dice que Mistral 2000 tenía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "de derribo, y todos los informes técnicos negativos, así como la advertencia de la Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Tres Cantos de que esta licencia, no se podía conceder”. Todo esto propició que el Grupo Municipal Socialista interpusiera una querella por delito urbanístico contra la decisión de la Junta de Gobierno Local de conceder la licencia de primera ocupación a Mistral 2000. En primera instancia ésta fue archivada por un Juzgado de Colmenar Viejo y los socialistas recurrieron. La Audiencia Provincial de Madrid ha visto indicios de delito y ha ordenado la apertura de juicio oral para el día 28 de noviembre. Pide para los acusados 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, 6.000 euros de fianza y una multa de 15 meses a razón de doce euros diarios. El gobierno por su parte, a pesar de que, en un principio, se negó a hacer declaraciones, ha dicho que el fiscal de Medio Ambiente lleva años pidiendo el archivo de las actuaciones y pidió la libre absolución. Además, de los estos tres imputados hay otros tres que ya no
son miembros de la corporación municipal: Maria Ángeles Mañá (entonces en TCU), Inés Pastor y Juan Andrés Díaz Guerra (ambos entonces en el PP).
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