Trato de escribir, con más o menos acierto, sobre política local y mundial, pero al final, casi siempre, termino haciendo humor. Es un blog de relajamiento personal. Aquí digo de todo para bien o para mal. ¿Puede ser utilizado en mi contra? Si. ¿Importa? No.
No soy rehén más que de mi mismo.
Anda estos días el pueblo soliviantado con esto de las 1.000 viviendas para jóvenes. Así que voy a intentar explicarlo, si es que soy capaz.
Hace unos pocos años la Comunidad de Madrid decidió hacer un Plan de Viviendas para Jóvenes. Así que pidió a los ayuntamientos su colaboración. En la mayoría de los municipios de Madrid se habían aprobado los planes generales y estaba en auge la economía del ladrillo, con todo lo que esto significaba; sobre todo para los bolsillos de algunos. Corría el año 2005 y, aunque no se edificara, había que hacer un sorteo, es decir, dotar a los jóvenes con un derecho de propiedad. Si no hacían eso acabarían la legislatura 2003 – 2007 sin haber construido ni una sola vivienda social o con algún tipo de protección, para entendernos. Así que con éstas se pusieron a repartir viviendas de papel; unas 1000 por aquí, otras 500 por allá, y así en la mayoría de pueblos. Las bases del sorteo eran claras y hacían referencia al decreto 11 del año 2005. Entre otras cosas decía que “las Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con Opción Compra (VPPA OC) tendrán una superficie construida máxima de 70 metros cuadrados e irán destinadas a personas que en el momento de celebración del contrato de arrendamiento sean menores de treinta y cinco años con ingresos familiares que no excedan del límite que establezca la normativa reguladora del correspondiente Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid”. En abril del 2008 este decreto se corrige haciendo referencia a la subida del módulo de dichas viviendas cuyo suelo no sea de propiedad pública, que es el caso de Tres Cantos. Esto quiere decir que quienes hayan sido adjudicatarios antes de abril del 2008 tendrán una vivienda que les costará 441 euros al mes en régimen de alquiler durante siete años y un valor al vencimiento, de ese periodo, inferior a 120.000 euros. Puesto que en Tres Cantos el suelo no es de titularidad municipal o autonómica sino que es privado, el precio a pagar por cada vivienda oscilará entre los 510 y los 570 euros de alquiler y un valor inferior a los 163.000 euros. Así que a los pisos tricantinos sorteados en marzo de 2007 se les aplicará el decreto de abril de 2008.
¿Podía Tres Cantos tener suelo municipal? Pues si. Lo que pasa es que los distintos gobiernos del Partido Popular (primero en coalición con María de la Poza y ahora solo, con mayoría absoluta) prefirieron monetizar esos terrenos. Lo explico. El adjudicatario FCC debía ceder, puesto que así lo estipulaba la encomienda de gestión, el 16% (divididos entre cánones -1% -, obligatorio -10% - y voluntario - 5% -) del aprovechamiento del Plan General. Es decir, que debían darle al municipio unas 5’28 hectáreas de terreno (el Plan General abarca 33 hectáreas). El gobierno municipal prefirió que lo que les correspondía de suelo se lo dieran en dinero. ¿Que se conseguía con esa decisión? Según los distintos gobiernos municipales el dinero sería para hacer frente a las inversiones (obras). En vez de quedarse con suelo, para hacer viviendas con protección o para las cooperativas, se quedaron con el dinero. ¿Por qué? Para favorecer y anteponer los derechos de la empresa adjudicataria antes que el de los vecinos de Tres Cantos.
Hagamos las cuentas. Por esos terrenos el gobierno recibe 100 millones de euros (iba a recibir 160 millones en un principio, pero por un valoración muy “sui generis” que hizo la empresa y aceptó el gobierno se quedaron en solo 100 millones), en esos terrenos se pueden construir hasta 50.000 metros cuadrados. Si el metro cuadrado, de vivienda nueva, está ahora a unos 3200 euros, según Tasamadrid (antes de la crisis estaba a 3900) y FCC debe pagar 100 millones al Gobierno Municipal, entonces la empresa obtiene unos beneficios de 50 millones de euros, aproximadamente, y después de pagar la expropiación de esos terrenos.
Pero a lo que estábamos, las viviendas de los jóvenes. Está claro que les prometieron 70 metros cuadrados de vivienda, más garaje, más trastero y lo fueron anunciando antes del sorteo incluso si me apuran antes de que se cerrara el plazo de inscripción para el mismo. Lo hizo Carmen Camón, concejala de urbanismo del PP, en las anteriores elecciones, durante un pleno y reiteradas veces en la revista municipal “Tres Cantos Al día” (de septiembre de 2006 y diciembre de 2006). Así que mintieron para conseguir un fin electoral. Engañaron para ganar unas elecciones. Cometieron un fraude para beneficio político propio. Incluso se podría decir que estafaron a los 4000 jóvenes que se presentaron con la ilusión de obtener una vivienda digan.
Ahora, los nuevos del PP, dicen que ellos no fueron que fueron los otros y María de la Poza. Pero es bueno recordar que Folgado, actual alcalde de Tres Cantos, era presidente del PP desde junio de 2006, por lo tanto no era ajeno a estos chanchullos.
Yo creo que debe pedir disculpas y solucionar el problema de las viviendas de los jóvenes. Es más, creo que si él hubiese dicho vuestras viviendas van a ser más pequeñas porque queremos meter 200 más en el mismo sitio para otros jóvenes, no habría nada que decir.
Pero, en fin, esto es lo que hay. Me sigue sorprendiendo que los dirigentes políticos siempre piensen más en las empresas y sus beneficios, que en sus conciudadanos.
